La Contraloría General de la República dio 'luz verde' a los movimientos de deuda realizados por el Gobierno Nacional a finales de 2025 y comienzos de 2026. Tras una revisión técnica, el ente fiscalizador concluyó que el manejo de estos títulos no solo cumplió con la ley, sino que fue una medida necesaria para proteger las arcas del Estado frente a posibles problemas de liquidez.

En este sentido, debido a los bajos niveles de depósitos registrados ($1,44 billones el 8 de diciembre de 2025), el Ministerio de Hacienda llevó a cabo una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte de su portafolio de TES B por $23,24 billones, con el objetivo de fortalecer la liquidez del Gobierno.

Puede leer: Iniciaron las obras del Corredor Vial Turístico de Puerto: inversión es de más de $25.000 millones

"La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda. Si bien la compraventa de títulos es una práctica habitual, lo que distingue esta operación es el elevado monto transado", explicó el ente de control.

Para la Contraloría el bajo nivel de los depósitos ha sido constante a lo largo de la vigencia 2025 y es resultado de los mayores pagos presupuestales (presionados por las altas reservas constituidas en 2024, $61,7 billones) y de unos ingresos corrientes menos dinámicos de lo esperado (revisión a la baja de las metas tributarias).

Un aspecto para destacar de esta operación es que se recibió una parte en dólares y otra en pesos: USD 5.000 millones que se mantendrán inicialmente en el exterior y se irán monetizando paulatinamente y $3,87 billones que entraron a los depósitos locales de la Nación.

Por otro lado, para la vigencia 2026, el plan financiero indicaba que el Gobierno requería USD 13.096 millones de recursos de crédito externo para su financiamiento, de los cuales USD 9.000 millones se obtendrían a través de la emisión de bonos globales. De esta manera se realizó la emisión de bonos externos por USD 4.950 millones.  Esta operación sí implica endeudamiento y cubrirá parte de las necesidades de recursos externos que quedaron plasmadas en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso.

En su revisión la Contraloría determinó que "esta emisión de deuda también cumplió con los requisitos legales, ya que fue autorizada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y no excedió el cupo global de endeudamiento externo aprobado (USD 87.607 millones)".

La Contraloría destacó que estas operaciones permiten que Colombia siga siendo responsable con el pago de su deuda, como históricamente ha sucedido, sin embargo, advierte los esfuerzos fiscales que se deben realizar en los años 2029, 2031 y 2033 para cumplir con los pagos de deuda. Sumados los pagos de deuda y los demás gastos del gobierno, la inflexibilidad del presupuesto es cercana al 93% del total.

Además: Julio Iglesias publicó mensajes de WhatsApp de sus empleadas para demostrar su inocencia

Alerta por cancelaciones de deuda en 2029

Los nuevos bonos externos emitidos vencerán en 2029, 2031 y 2033, generando un cambio en el perfil de la deuda. La Contraloría llama la atención sobre la alta concentración de los vencimientos de deuda en 2029, ya que a las mayores cancelaciones de bonos globales se suma los vencimientos de TES B en pesos ($43,72 billones), TES B en UVR ($19,73 billones) y los Títulos de Solidaridad ($9,74 billones) creados durante la pandemia.

En total se estima que los pagos por amortizaciones serían cercanos a los $89,6 billones en 2029. Enfrentar esta concentración de pagos requerirá en los próximos años una fuerte gestión por parte del Ministerio de Hacienda.

Deuda neta del Gobierno Nacional

Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, la deuda del Gobierno presentó una disminución. Pasó de 59.3% del PIB en 2024 a 57.8% del PIB en septiembre de 2025. Ello indica que la deuda se encuentra dentro del rango que exige la regla fiscal, que tiene un tope de 71% del PIB y un ancla de 55% del PIB. Para la Contraloría en el mediano plazo, la trayectoria de la deuda a PIB depende de la evolución del crecimiento económico del país, la tasa de interés, la tasa de cambio y el desbalance fiscal.

Para la Contraloría asegurar la reducción de la deuda en el tiempo requiere primero elevar el ritmo de crecimiento económico y segundo disminuir la tasa de interés de la deuda.

Inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación

La inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación oscila en un 93%, es decir el margen de maniobra es limitado, si el comportamiento de los ingresos y del recaudo no crece, las posibilidades de inversión social en los nuevos Planes de Desarrollo se van a ver comprometidas.

Los gastos de funcionamiento de los últimos años han estado entre un margen del 55% y 62% con excepción del año 2020 que sube al 68% (pandemia covid-19).

Contratación estatal periodo 2018 – 2025 – Fuente SECOP

A través de la DIARI y a partir de la información disponible en SECOP, se realizó un análisis detallado de los procesos contractuales registrados durante el período de estudio. Esta información permite caracterizar la contratación estatal según diferentes criterios, facilitando la comparación entre vigencias y la identificación de cambios administrativos que impactan la forma en que las entidades contratan.

En el período comprendido entre 2018 y 2021, la contratación de funcionamiento se caracterizó por una alta participación de modalidades como régimen especial, contratación directa y licitación pública. Para el período 2022–2025 se evidencian cambios en la distribución de las modalidades de contratación, donde destaca nuevamente la contratación directa, régimen especial y selección abreviada.

Mientras que en el período comprendido entre 2018 y 2021, predominan los contratos de prestación de servicios, compraventa y suministros y obra pública. 

Finalmente, en el período comprendido entre 2022 y 2025, predominan los contratos de prestación de servicios, compraventa y suministros y obra pública.